El escenario social, económico y sobre todo el político van a cambiar considerablemente en la República de Colombia tras la entrada en política de las FARC. El apoyo internacional en materia económica va a jugar un papel predominante si se quiere acabar con los campos de plantación de coca. La rentabilidad que supone el cultivo y venta de cocaina para los cultivadores, terratenientes y traficantes es tan alto que supone un obstáculo para sustituir su cultivo por otros productos.

A pesar de la integración política de las FARC, la organización mantiene su poder económico, militar (se estima que han entregado un pequeño porcentaje de su armamento), social y, a partir de ahora, político. 

ANÁLISIS

La historia reciente de Colombia se podría definir como una sucesión de conflictos causados fundamentalmente por la desigualdad social, la falta de autoridad del gobierno colombiano y las disputas por el poder.

En 1948 se inicia un periodo de enorme violencia política conocida como “la violencia”, en la que tanto el partido conservador como el liberal causaron decenas de miles de muertos y centenares de miles de desplazados. En 1957 se crea el Frente Nacional para poner fin a los enfrentamientos entre los dos partidos mayoritarios, asegurándose de este modo su permanencia en la escena política y vetando la entrada a nuevos partidos políticos.

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Como consecuencia de la restricción o negación de nuevos partidos políticos y el descontento de la población, se produce el nacimiento de nuevos grupos revolucionarios como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).En el caso de las FARC-EP, lo que comenzó siendo un movimiento insurgente marxista leninista en sus orígenes pasó a convertirse en el mayor cartel de la droga del mundo, siendo el cultivo de coca su principal fuente de financiación. Posteriormente, como consecuencia de la campaña de asesinatos y secuestros ocasionados por estos grupos, aparecieron organizaciones paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En este escenario de violencia y corrupción, el gobierno colombiano no ha sido capaz de hacer frente a las bandas criminales y organizaciones guerrilleras (ELN, FARC-EP, etc.).Estas han ido ocupando y gobernando gran parte de las zonas rurales, aumentando a lo largo de los años las extensiones de cultivo de coca, cuyo tráfico ha sido y sigue siendo la principal fuente de ingresos junto con la extorsión y el rendimiento de sus propiedades. Según el Ministerio de Hacienda de Colombia, las FARC-EP podría contar con un capital acumulado de 39 millones de dólares, junto a propiedades valoradas en más de un millón de dólares.

Durante el mandato de Álvaro Uribe se llevó a cabo una ofensiva militar que derroto militarmente a las FARC-EP. Este aspecto, junto con la muerte del líder guerrillero Manuel Marulanda derivó en octubre de 2012 en la apertura de una vía de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla y la firma del acuerdo de proceso de paz en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016.

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Las actividades económicas sin ninguna duda presentan un incentivo para los actores ilegales ya que supone una fuente de obtención de recursos económicos por la vía legal. Tras la firma del acuerdo de paz, a pesar de que las FARC-EP hayan declarado que no tiene dinero ni propiedades, las autoridades colombianas tienen constancia que gran parte de su fortuna está lavada mediante un entramado financiero a través de compañías de intermediación y testaferros y otra se encuentra escondida en metálico en la selva.

Por otro lado, desde el inicio de los acuerdos de paz en el año 2012, la extensión de las áreas de cultivo de coca ha pasado de 80.000 hectáreas a más de 190.000 en la actualidad. Esto tiene su origen en el inicio de los acuerdos de paz, donde se considera al narcotráfico como un delito político, y por lo tanto no punible. De este modo se incentivó a las FARC-EP a la ampliación sus producciones.

Según los datos del proyecto de UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime) en Colombia, se estima que más de 300.000 personas están vinculadas al cultivo de coca. Por otro lado, los beneficios económicos proporcionados por este cultivo son considerablemente más elevados que el cultivo de cualquier otro producto, lo cual repercute directamente en el bien estar de las familias responsable de cultivar las plantaciones. Esta situación genera negativa por parte de los cultivadores para sustituirlo por otros productos.

Teniendo en cuenta que para los habitantes de estas zonas rurales no existen otras fuentes de ingreso claramente predominantes, como podrían ser las explotaciones mineras, y que las tierras y su forma de vida están actualmente controladas principalmente por la FARC-EP, se considera realmente complicado erradicar o al menos reducir la producción de sustancias ilegales. El ministro colombiano para el posconflicto, Rafael Pardo, afirmó que “tanto el gobierno de Colombia como las FARC-EP entienden, que mientras existan esas áreas de cultivos de coca la paz no va a ser sostenible”.

Desde un punto de social, se parte de la premisa de que gran parte de la ciudadanía colombiana se favorece de la situación pasada y actual de Colombia. Es el caso de grupos guerrilleros, cultivadores de sustancias estupefacientes, traficantes, sicarios, bandas criminales, etc. Por otra parte, como consecuencia de la violencia que ha envuelto a Colombia durante más de 50 años, el pueblo colombiano ha asumido la violencia en sus modelos de socialización que, junto con la falta de confianza de sus gobernantes, ha derivado en la resolución de sus problemas mediante la violencia, la búsqueda de recursos económicos a través de acciones ilegales y la búsqueda de seguridad a través de la pertenencia a un grupo, en este caso a grupos guerrilleros y bandas criminales.

El pasado 9 de enero de 2018, la voladura del oleoducto Caño limón Coveñas en Arauca, perpetrado por el ELN, pone fin al acuerdo de alto el fuego. Como consecuencia, se produce un cese en las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, derivando de nuevo en una situación de cierta inestabilidad social y política. Por otra parte, el precandidato presidencial de la Fuerza Alternativa del Común (FARC), Rodrigo Londoño –Timochenko-, entra en escena política pidiendo al gobierno nacional y al ELN reactivar la mesa de diálogo. En palabras de Timochenko, “es una obligación moral y una actitud ética la de persuadir en la búsqueda de una salida negociada”.

CONCLUSIONES

Se considera que a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno colombiano para alcanzar la paz, no se han alcanzado los objetivos necesarios demandados por pueblo colombiano. Este hecho hace que los ciudadanos se muestren escépticos e incluso contrarios a las políticas que el gobierno de Juan Manuel Santos está implementando actualmente.

El sentimiento de un sector del pueblo colombiano es que el tratado de paz con el ELN ha derivado en la impunidad de sus crímenes, la legalización de su patrimonio y el continuismo en sus actividades ilegales. Por otro lado, los habitantes de zonas rurales (propiedad del grupo armado –FARC-EP-) no están dispuestos a abandonar el cultivo de coca, puesto que les reporta mayores beneficios económicos. Esta situación provoca fricciones entre sectores de la ciudadanía, derivando en altas tasas de criminalidad. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, en términos globales los índices de criminalidad no han variado demasiado, ciertos delitos han disminuido, pero, sin embargo, otros han aumentado. Los actos delictivos van mutando, dependiendo de las circunstancias políticas y económicas del país. Por lo tanto, se puede afirmar que actualmente Colombia sigue siendo un país inseguro con altos índices de criminalidad.

Como escenario posconflicto más probable desde el punto de vista económico, se considera que esta circunstancia continuará en el tiempo, de tal modo que la firma del acuerdo de paz ha supuesto para los grupos guerrilleros una oportunidad para dar un curso legal -lavado- al dinero obtenido de manera ilegal.

En definitiva, se considera que, a pesar de los esfuerzos, a día de hoy no se han dado las circunstancias políticas, económicas y sociales necesarias para alcanzar un estado de estabilización que satisfaga a todas las partes. Teniendo en cuenta lo reflejado en el presente informe, se prevé que a corto plazo la situación económica no varíe considerablemente de la actual. En cuanto al escenario político, se estima que en un corto espacio de tiempo tanto el gobierno nacional como el ELN retomarán las negociaciones y estás derivarán en un acuerdo de alto el fuego y en la integración a medio plazo del ELN en el tejido político del país. Hasta que esto se culmine, los enfrentamientos entre el gobierno nacional y el ELN seguirán produciéndose como medida de presión del ELN en aras de obtener unas condiciones en el acuerdo de paz favorables.

Se considera que deben pasar entre 10 y 15 años para que se den unas condiciones de paz que permita a la sociedad colombiana dejar atrás el rencor y subordinar los intereses particulares en aras de alcanzar intereses colectivos.

 

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