La perspectiva política del gobierno de Ortega pasa, en primer lugar, por la resolución de la crisis y el retorno a la situación anterior. En segundo lugar, la convocatoria de elecciones generales por parte del gobierno actual, la cronificación del conflicto o, la situación menos probable y más peligrosa, el estallido de una guerra civil en Nicaragua.

Nicaragua va a sufrir una serie de restricciones económicas por parte de la comunidad internacional que, junto con la crisis actual en la que se encuentra inmerso, va a derivar en una reducción de su economía y su Producto Interior Bruto (PIB), al menos, en los próximo dos años.

ANÁLISIS

La capital de la República de Nicaragua es Managua. La lengua oficial es el español y cuenta con más de 6 millones de habitantes en una superficie de 130 mil km2 (una cuarta parte del territorio de España).

El presidente de la República es el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Don. Daniel Ortega Saavedra tras las elecciones celebradas en el año 2006.

En abril de 2018 se iniciaron una serie de protestas por parte del pueblo nicaragüense hacia el gobierno como consecuencia de las reformas sociales que el gobierno instauró. Hasta la fecha se han producido enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el pueblo con el resultado de al menos 350 fallecidos y más de 200 detenciones.

El 31 de agosto el gobierno de Daniel Ortega expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Nicaragua, como reacción a un contundente informe sobre la represión gubernamental a los manifestantes en el país.

Teniendo en cuenta la escalada de violencia que se ha producido desde el pasado mes de abril de 2018 en Nicaragua y la negativa del presidente Ortega a recibir apoyos por parte de organizaciones externas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y los EEUU, entre otros, han decidido tomar medidas con el objeto de alcanzar una solución.

El gobierno nicaragüense depende económicamente de las líneas crediticias y financieras provenientes del exterior. El BID tiene actualmente con Nicaragua una cartera de préstamos de más de 600 millones de dólares.

Si el gobierno de Daniel Ortega no encuentra una solución al conflicto interno, el BID junto con los 12 países que componen el Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA, están dispuestos a llevar a cabo restricciones económicas al gobierno nicaragüense. Es muy probable que el BID decida congelar los préstamos a Nicaragua para, de ese modo, constreñir el gobierno del presidente Ortega.

Por otro lado, el gobierno de los EEUU ha impulsado la denominada Nica Act y la Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua (conocida como Ley Magnitsky nica). Con estas medidas se pretende sancionar al régimen de Daniel Ortega. Se prevé sea aprobado por unanimidad a finales de 2018.

Si la crisis en Nicaragua se mantiene como hasta ahora, es seguro que la economía nicaragüense se contraerá en los próximos dos años. La tasa de crecimiento de Nicaragua entre 2010 y 2017 fue del 5 %. Se estima que si la crisis continua la tasa de crecimiento para 2022 será del 2.52 %. Se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) para 2018 sufrirá una contracción del 4%.El modelo económico actual de Nicaragua se basa en el sustento y las inversiones provenientes del exterior. El modelo económico que el presidente Ortega pretende implantar como solución a las restricciones exteriores pasa por potenciar la economía interior popular a través del aumento y la potenciación de las empresas nacionales. El tejido empresarial nicaragüense se basa en pequeños negocios con escasos recursos tecnológicos. No cuenta con las industrias necesarias para procesar las materias primas del país.

El gobierno de Ortega a encarcelado a más de 500 personas, de los cuales 200 se encuentran privadas de libertad sin acusación. La mayoría son oponentes políticos contrarios a las medidas que ha adoptado en gobierno sandinista de Ortega desde que se produjo la crisis.

CONCLUSIONES

La comunidad internacional va a adoptar medidas económicas severas para restringir la capacidad económica de Ortega. De este modo se reduce la solvencia del gobierno de Ortega para seguir manteniendo las actuales acciones violentas y coercitivas hacia la población y se reducen los apoyos que actualmente tiene. Por otro lado, supone una medida de presión hacia el presidente Ortega para que abandone las acciones actuales hacia el pueblo nicaragüense y resuelva la situación actual. En caso de no ser así, se convertiría en el mayor responsable de la probable crisis económica y social en la que se vería involucrada Nicaragua.

Económicamente, si la situación continua como hasta la fecha, Nicaragua será el único país en Centroamérica que este año 2018 y el próximo 2019 no experimentará crecimiento económico. De este modo, pasaría de ser la economía que más crece en el istmo en los últimos años a la única que sufriría recesión.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua sufrirá un descenso del 2 % este año 2018. La aplicación de sanciones provocará dificultades en la atracción de inversión extranjera y obtención de recursos externos.

Teniendo en cuenta que el propio presidente Ortega ha rechazado apoyo internacional, la línea de acción principal pasa por reducir la solvencia económica del gobierno actual y crear la situación idónea para que tras la caída del gobierno de Daniel Ortega la población nicaragüense apoye al candidato con capacidad de hacerse cargo del gobierno en caso de producirse elecciones. El punto culminante pasa por establecer medidas económicas restrictivas hacia el gobierno de Ortega sin que se produzca una pérdida de control de este y pueda derivar en una pérdida de control y legitimidad del gobierno que derive en una guerra civil en Nicaragua.

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